Nuevas investigaciones en el ámbito legislativo concluyen que el costo del saneamiento financiero se disparó por la protección a banqueros y grandes ahorradores y no a los pequeños cuentahabientes, como pretende hacer creer la propaganda oficial.
Al momento de la crisis bancaria que estalló después de la devaluación del peso en diciembre de 1994, en el sistema financiero 9 de cada 10 cuentas tenían un saldo menor a 10 mil pesos. Salvaguardarlas hubiera tenido un costo de 56 mil 25 millones de pesos. Esta es una cantidad que equivale a sólo 4 por ciento del total de la operación de salvamento, que se incrementó por la protección a los grandes ahorradores y los bancos.
Una última revisión de los programas de rescate de los banqueros instrumentados por el gobierno federal hace 11 años elevó a un billón 320 mil millones de pesos, 18 por ciento del producto interno bruto (PIB), el costo de ese proceso, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados.
"La pregunta es cómo fue posible que 56 mil 25 millones de pesos, que representaban 90 por ciento del total de las cuentas del sistema, se convirtieron en una deuda de un billón 320 mil millones de pesos, o sea muchas veces más", expuso Mario di Costanzo, asesor de la comisión senatorial.
La conclusión es que proteger a 90 por ciento de los ahorradores de la banca representó un costo de 56 mil 25 millones de pesos; y que cuidar al 10 por ciento de los grandes ahorradores y a los bancos representó una carga de un billón 263 mil millones de pesos, es decir, más de 20 veces, de acuerdo con las cifras aportadas por Di Costanzo, quien conoce el expediente que está integrando la comisión legislativa.
Así, en la panza del rescate bancario hay una deuda decenas de veces más grande por el apoyo indiscriminado a los ricos y a los bancos, de acuerdo con el especialista.
Hasta ahora, el argumento del gobierno federal -tanto del que encabezó el ex presidente Ernesto Zedillo como el del actual mandatario, Vicente Fox--ha sido que el rescate bancario fue una medida para proteger a los ahorradores. Hace dos semanas y sin venir aparentemente a cuento, la Secretaría de Hacienda y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) publicaron un desplegado en la prensa en el que refrendaron ese argumento y decretaron que el tema era una discusión concluida.
Ante la decisión de las autoridades hacendarias de "dar carpetazo" al tema, un grupo de senadores de Acción Nacional, encabezado por Luis Rico Samaniego, anunció el 18 de mayo que estaba integrando la documentación para presentar una demanda penal contra los funcionarios involucrados en el rescate bancario.
De acuerdo con Di Costanzo, la razón que explica la campaña iniciada por el gobierno federal es tratar de proteger políticamente al candidato presidencial del oficialismo. Cuando fue legalizado el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en 1999, Calderón Hinojosa era el presidente de Acción Nacional y, al igual que los legisladores federales de ese partido, hicieron un compromiso público de que no avalarían tal operación, aunque al final recularon.
Entre la suma que hubiera representado el rescate de los pequeños ahorradores -universo que según el gobierno fue el objeto de la operación de salvamento- y la cifra finalmente cargada a los contribuyentes por el gobierno federal hay una diferencia de 2 mil 257 por ciento, de acuerdo con la información.
"El salvamento de las cuentas de los más ricos, y que representaban sólo 10 por ciento de las cuentas bancarias que existían en 1995, fue lo que elevó en más de 2 mil por ciento el costo del rescate bancario, estimado actualmente en 1.2 billones de pesos", según los documentos elaborados con base en información oficial.
De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Hacienda y el IPAB para su campaña de dar por terminado el debate sobre el saneamiento de los bancos, el llamado "rescate de ahorradores" permitió que 14.7 millones de cuentahabientes no perdieran sus ahorros. Y, de acuerdo con la misma Secretaría de Hacienda, el costo del salvamento de estas cuentas asciende a la fecha a 1.3 billones de pesos. Lo que implica que el costo promedio actual de haber salvado cada cuenta es de: 81 mil 632 pesos. En el momento del rescate, nueve de cada 10 cuentas tenían un saldo menor a 10 mil pesos.
"Si lo anterior es cierto, el resultado nos permite afirmar que lo que elevó el costo del rescate de los ahorradores fue paradójicamente el apoyo a los ricos, y nos preguntamos entonces por qué los pobres están pagando el rescate de los ricos".
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