Foto Margarito Pérez.Para Diario de Morelos.
Tomada de La Jornada.
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Cuando la inacción es una constante en el gobierno, solamente puede esperarse que los conflictos crezcan, acumulen presión y acaben por estallar.
Esto es lo que está pasando, entre otros frentes, con las expresiones sociales. Morelos se ha colocado en el foco de la opinión pública por el movimiento magisterial, que asistidos o no de la razón, ha salido a las calles y las carreteras a gritar su desacuerdo con los pactos palaciegos de Elba Esther Gordillo, pieza fundamental para el arribo a la presidencia de Felipe Calderón.
Preocupados por la huelga magisterial, los pobladores de Xoxocotla, Morelos, mantenían presencia a la entrada de su población con el objetivo de presionar al gobierno estatal y lograr una solución que permitiera iniciar el año escolar en el estado. La respuesta vino de más arriba: del gobierno federal, y fue violenta y desmedida. Al igual que en días pasados, se procedió a desalojar a quienes demandan solución para el bien de sus hijos; a enfrentar a ciudadanos que demandan al gobierno soluciones; a acallar las voces que claman porque el gobierno garantice principios consagrados en la Constitución.
A padres de familia y niños se les da respuesta enviando al ejército y a la militarizada Policía Federal Preventiva (PFP); a la población civil se le atiende con la fuerza castrense, las armas, las tanquetas, los toletes y los escudos. Acabamos de conmemorar el trágico y sangriento choque de la sociedad civil con el ejército mexicano hace cuarenta años. Debiera ser impensable que el gobierno federal reedite confrontar a civiles con las fuerzas armadas, pero no lo fue para Calderón.
En vez de aprender de las amargas lecciones del pasado, que han costado sangre mexicana, se vuelve a jugar con fuego. En tiempos difíciles como los que vivimos, que tienden a empeorar por la tormenta financiera que el mundo está enfrentando, la tentación de usar la fuerza en aras del bien común es muy grande, y es el principio de toda dictadura. Ante un presidente que ha demostrado no saber cómo gobernar, los ciudadanos debemos expresarnos por los cauces legales pertinentes para hacerle saber nuestro rechazo, indignación y preocupación.
No debemos permitir que nuevamente la violencia de Estado suplante al diálogo firme pero respetuoso de quienes, en el ejercicio de sus derechos, exigen un buen gobierno.
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