jueves, febrero 04, 2010

Doble dolor juarense

Hace unos días lamentaba el asesinato de tres adolescentes mexicanos en Tijuana. Hoy debo hablar con horror y un profundo dolor de la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, Chih.

Pocos días después del condenable hecho el número de víctimas fatales oscila entre 15 y 18 jóvenes muertos. Se habla ya de detenidos e incluso se dice que el autor intelectual está muerto. Si viviéramos en un Estado de Derecho, éstas serían buenas noticias, pero desafortunadamente no es así, por lo que la supuesta eficiencia, salpicada de una buena dosis de suerte, de las fuerzas policiales en México no pueden mover más que a escepticismo. Hasta aquí, quizá solamente sería una entrada más en la nota roja nacional, a despecho del abominable acto de matar a mansalva a un grupo de nóveles ciudadanos, a quienes los indicios disponibles hasta el momento exoneran de tener nexos con el crimen organizado.

Pero el manejo del gobierno federal en este asunto es tan condenable como el crimen mismo. Lerdo, como siempre que las víctimas de una desgracia son ciudadanos de a pie, el presidente Felipe Calderón hizo declaraciones desde Japón, en donde se encontraba de viaje al momento de los hechos, en las cuales deslizó la posibilidad de que los jóvenes asesinados anduvieran en malos pasos. No contento con la descalificación a priori del jefe del Ejecutivo, el secretario de Gobernación Gómez Mont dio una artera bofetada a los deudos: "sólo sometiéndose a la ley encontrarán respeto a sus vidas y a sus familias". Ambos funcionarios públicos, supuestamente al servicio de la ciudadanía, no solamente cuestionaron la inocencia de los fallecidos y sus familias sin prueba alguna, sino que mostraron sus acostumbrados cinismo, frivolidad, insensibilidad e irresponsabilidad. Incluso si el grupo masacrado fuera de delincuentes, el gobierno no puede ser omiso en la procuración de justicia y en la aplicación de la ley.

Por desgracia, debemos esperar más muertes relacionadas con la ejecución masiva que nos ocupa. Seguramente vendrán los levantones, los asesinatos, y las desapariciones tendientes a atar los cabos sueltos que los asesinos dejaron. Tanto las fuerzas del orden como todos los niveles de gobierno deberían cumplir con sus obligaciones y evitar las sangrientas secuelas que con toda seguridad ocurrirán, pero es pedirles demasiado.

Así, los deudos deben sumar a su dolor por la sensible pérdida de un ser querido el de ser satanizados, criminalizados por un gobierno ineficiente, incapaz e insensible. No debemos permitir que este trágico hecho criminal se contabilice en la abultada cuenta de la impunidad, tal como ha sucedido con el casi medio centenar de víctimas fatales de la Guardería ABC en Hermosilo, Son. El gobierno está obligado a dar respuestas creíbles y fundamentadas, a procurar justicia y a aplicar la ley.

El trabajo de nosotros, los ciudadanos, los de a pie, los que no tenemos influencias, es exigir que eso ocurra.

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