Guardería ABC, ¿crimen de Estado?

¿Qué es un crimen de Estado? Habría que empezar por definir al Estado, que es el conjunto de instituciones en un territorio que permiten gobernarlo privilegiando la protección de ese mismo territorio y de sus habitantes. Así nacieron los Estados modernos desde los tiempos del feudalismo. Un crimen de Estado, entonces, es cuando dichas instituciones son omisas en cuanto a sus responsabilidades, o bien, se confabulan para llevar a cabo un ilícito. De esta manera, un Estado omiso es un Estado criminal.

A casi cinco años del incendio de la Guardería ABC, hay evidencias suficientes para calificar el hecho como crimen de Estado, según lo manifestado por el Ministro Sergio García Ramírez en 2006 (fecha previa al incendio, ocurrido en 2009, lo que le da independencia al razonamiento): "... la atribución de conductas al Estado, la concentración de responsabilidades en éste y la calificación de acciones criminales como políticas atribuibles al Estado, como consecuencia del comportamiento de quienes ocuparon altos cargos públicos y tuvieron y ejercieron poderes desmesurados, y la reunión de responsabilidades en el propio Estado." La cita está tomada del documento "VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO GOIBURÚ Y OTROS VS. PARAGUAY DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006".

La subrogación de guarderías implica responsabilidad para el Estado a través de terceros en el cuidado de los infantes beneficiarios de las estancias infantiles. Sobreseer sus obligaciones por el solo hecho de que el servicio lo proporcionan por interpósita persona es renunciar a su deber intrínseco de proteger a la población, además de representar una perversa elución de sus funciones y de las deudas política y social que lo obligan.

Es, entonces, el reconocimiento de las omisiones lo que ha bloqueado durante cinco años la impartición de justicia. Como resultado, pedir justicia para los 49 niños fallecidos y la casi centena de afectados con secuelas de por vida como consecuencia directa del siniestro, así como para sus familias, no es un capricho. Lejos de serlo, quienes reclamamos que se proceda conforme a derecho para fincar responsabilidades con las consiguientes penas que el Poder Judicial determine, lo hacemos en el espíritu de exigir lo que el contrato social entre la ciudadanía y el Estado, junto con sus órganos de gobierno, establece claramente en nuestra Carta Magna. Ni venganza ni odio, ni perdón ni olvido, solamente justicia con apego a derecho.

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/opinion/030o1soc