¿Autodefensas?

Buque insignia de la guerra calderonista, Michoacán fue el primer estado de la República en donde se reconoció un grave problema de seguridad, pública y nacional, debido al enorme poder del crimen organizado (CO). Todos conocemos los resultados del sainete, entre los que se encuentran el totalmente explicable encarecimiento del limón. Ante un gobierno omiso (en el mejor de los casos) y cómplice, el CO se apoderó de bienes y haciendas, del poder público, de las fuerzas policiales, de caminos y carreteras, de municipios enteros. Paradigma de que se puede quebrantar la ley porque nadie la hace respetar, Michoacán se rindió ante el asombroso poder de fuego y la total falta de piedad de los grupos criminales. Como toda empresa que inició el estulto felipe calderón (sic en minúsculas), el frente michoacano naufragó estrepitosamente. Convertido en botín político el estercolero que el rey chiquito panista dejó como legado, Enrique Peña Nieto prometió y prometió que las cosas cambiarían bajo su conducción. Y nuevamente la liebre saltó en la región purépecha: en febrero de 2013 el país supo de la existencia de las "autodefensas" y de un tal Dr. Mireles, quien se identificó como su portavoz.

¿Autodefensas? José Manuel Mireles Valverde explicó que el embate criminal ya no se conformaba con extorsionar, secuestrar, matar, trasegar droga, apropiarse ilegalmente de tierras y propiedades, y practicar la trata de personas, sino que ahora incluso ejercía una nueva modalidad del derecho de pernada: robaba esposas e hijas de los michoacanos, las esclavizaba sexualmente y luego las devolvía a sus familias, en muchos casos ya embarazadas. Incluso, ha denunciado Mireles, estos forajidos ingresaban libremente a las escuelas, elegían niñas y adolescentes, y se las llevaban para aplacar sus enfermizos afanes. Y la fétida cloaca que destapó el médico cirujano metido a defensor, siguió emanando sus vapores: gobernadores y ex gobernadores mantenían estrechos vínculos amistosos, por decir lo menos, con el CO; el gobierno federal había sido informado puntualmente en repetidas ocasiones de la ubicación y la fuerza de los principales líderes criminales en el estado sin que hubiera tomado acciones; que los proclamados muertos gozaban de cabal salud, como en el caso de "El Chayo", a quien el desgobierno de calderón había dado por muerto sin presentar prueba alguna. Mireles desnudaba las mentiras de los gobiernos peñista y del neurótico "pelón chaparrito de lentes".

Muchos nos preguntábamos hace poco más de un año: ¿autodefensas? ¿son legales? ¿debe el gobierno permitirlas? ¿son justificables ante la total displicencia, siendo benévolos y bien intencionados, de todos los órdenes de gobierno respecto al problema de la inseguridad? En lo personal, la idea de que surgieran grupos armados de civiles para defenderse de otros grupos armados de civiles me parecía catastrófica, y solamente auguraba un incremento de la violencia en Michoacán. Además, en el río revuelto del Imperio de la Fuerza en la Tierra de Nadie, los mismos criminales podrían aprovechar la confusión y consolidar su poder, no solamente formalizándolo en la región michhuaque, sino extendiéndolo a los estados vecinos. Además, era la coartada perfecta para que el CO legalizara, bajo el disfraz de las autodefensas, a sus ejércitos poderosamente pertrechados. Por todos lados se veía que era una mala idea que el gobierno cobijara y tolerara tropas civiles, si se me permite el término. Pero por otra parte, era entendible que ante la indefensión en que los herederos de Zuanga (último gobernante michhuaque o purépecha) vivían, buscaran proteger a sus familias y sus bienes.

La "lógica" del gobierno federal en su respuesta al problema fue la misma, nada más que maquillada, que desde 2006 se viene aplicando: poderes supraconstitucionales, militarización, criminalización y aplicación discrecional, selectiva y facciosa de la justicia. Dejando intactas las estructuras criminales, principalmente las financieras, en enero de 2014 se nombró a un Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral para Michoacán. La distinción recayó en el entonces Procurador Federal del Consumidor (¡No, no es broma!), abogado de profesión con especializaciones en Ciencias Políticas y en Economía Financiera, y antiguo Procurador de Justicia del Estado de México luego de la escandalosa caída de Alberto Bazbaz por el famoso caso de la niña Paulette, Alfredo Castillo Cervantes. Desde su llegada, Castillo ha gustado de atraer los reflectores con acciones efectistas y vistosas. Pero más allá de sus farandulescas aspiraciones, en la práctica se ha dedicado a desmembrar a las autodefensas mediante la insidia, el engaño, la tenebra y la división. Entre tanto, las pírricas victorias que se ha apuntado en contra de líderes delincuenciales se han debido más a la presión pública ejercida por Mireles al continuar con sus revelaciones de componendas y vistas gordas de los gobiernos estatal y federal, que por un legítimo esfuerzo de reinstalar el Estado de Derecho en Michoacán. Esa política de atacar a quienes se defienden y tolerar a quienes delinquen, culminada con la detención de Mireles hace una pocas horas, le han construido a este último, un halo justiciero que empieza a seducir a muchos. Su hablar franco y directo le ha granjeado simpatías al oriundo de Tepalcatepec, y en lo personal, no puedo dejar de evocar a los revolucionarios mexicanos que pelearon contra el régimen porfirista en los albores del siglo XX. Las autodefensas michoacanas están muy lejos de emular a la "bola" revolucionaria, pero el símil es inevitable: gente del pueblo armándose contra un gobierno indolente, y en este caso, contra gavillas que atentan diariamente en contra de su tranquilidad, bienestar y seguridad.

¿Es Mireles un auténtico defensor de los intereses de los ciudadanos michoacanos? La virulencia con que el gobierno lo ha atacado parece indicar que sí, pues su gran pecado ha sido negarse a plegarse a los designios del régimen representado por Castillo. Las acusaciones por las que se le detuvo suenan frágiles, parecen frágiles y seguramente lo son: portación de armas reservadas para el ejército y posesión de sustancias prohibidas. La maquinaria propagandista del gobierno lo venía atacando desde hace tiempo: acusaciones de que estuvo preso por narcotráfico; presunción de que participó en el asesinato de casi una decena de personas; desconocimiento de su calidad de vocero de las autodefensas por medio de un reducido grupo de integrantes de éstas que aparecen abrazándose con el comisionado Castillo, notoriamente es el caso de uno de ellos conocido como "Papá Pitufo". Es demasiado pronto para conocer la verdad, pero ante el expediente criminal de La Tuta, EL Chayo y El Kike (los dos últimos muertos por las fuerzas federales), todos ellos líderes de los Caballeros Templarios (contra quienes las autodefensas proclaman que se levantaron en armas), las acusaciones que el gobierno le hace a Mireles parecen ingenuas, inocentes y ... falsas.

Uno no puede dejar de cuestionarse: ¿por qué La Tuta está libre?