Doble dolor juarense

Hace unos días lamentaba el asesinato de tres adolescentes mexicanos en Tijuana. Hoy debo hablar con horror y un profundo dolor de la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, Chih.

Pocos días después del condenable hecho el número de víctimas fatales oscila entre 15 y 18 jóvenes muertos. Se habla ya de detenidos e incluso se dice que el autor intelectual está muerto. Si viviéramos en un Estado de Derecho, éstas serían buenas noticias, pero desafortunadamente no es así, por lo que la supuesta eficiencia, salpicada de una buena dosis de suerte, de las fuerzas policiales en México no pueden mover más que a escepticismo. Hasta aquí, quizá solamente sería una entrada más en la nota roja nacional, a despecho del abominable acto de matar a mansalva a un grupo de nóveles ciudadanos, a quienes los indicios disponibles hasta el momento exoneran de tener nexos con el crimen organizado.

Pero el manejo del gobierno federal en este asunto es tan condenable como el crimen mismo. Lerdo, como siempre que las víctimas de una desgracia son ciudadanos de a pie, el presidente Felipe Calderón hizo declaraciones desde Japón, en donde se encontraba de viaje al momento de los hechos, en las cuales deslizó la posibilidad de que los jóvenes asesinados anduvieran en malos pasos. No contento con la descalificación a priori del jefe del Ejecutivo, el secretario de Gobernación Gómez Mont dio una artera bofetada a los deudos: "sólo sometiéndose a la ley encontrarán respeto a sus vidas y a sus familias". Ambos funcionarios públicos, supuestamente al servicio de la ciudadanía, no solamente cuestionaron la inocencia de los fallecidos y sus familias sin prueba alguna, sino que mostraron sus acostumbrados cinismo, frivolidad, insensibilidad e irresponsabilidad. Incluso si el grupo masacrado fuera de delincuentes, el gobierno no puede ser omiso en la procuración de justicia y en la aplicación de la ley.

Por desgracia, debemos esperar más muertes relacionadas con la ejecución masiva que nos ocupa. Seguramente vendrán los levantones, los asesinatos, y las desapariciones tendientes a atar los cabos sueltos que los asesinos dejaron. Tanto las fuerzas del orden como todos los niveles de gobierno deberían cumplir con sus obligaciones y evitar las sangrientas secuelas que con toda seguridad ocurrirán, pero es pedirles demasiado.

Así, los deudos deben sumar a su dolor por la sensible pérdida de un ser querido el de ser satanizados, criminalizados por un gobierno ineficiente, incapaz e insensible. No debemos permitir que este trágico hecho criminal se contabilice en la abultada cuenta de la impunidad, tal como ha sucedido con el casi medio centenar de víctimas fatales de la Guardería ABC en Hermosilo, Son. El gobierno está obligado a dar respuestas creíbles y fundamentadas, a procurar justicia y a aplicar la ley.

El trabajo de nosotros, los ciudadanos, los de a pie, los que no tenemos influencias, es exigir que eso ocurra.

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¿Somos incapaces de entender el 68?

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Se ha extinguido la que quizá era la última esperanza de una pálida justicia para las víctimas de la masacre de 1968, y por consiguiente, también para las víctimas de 1971.

Ayer un tribunal federal declaró inocente a Luis Echeverría Álvarez, ex-presidente de México, de los cargos presentados en su contra por la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, cuando era el Secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz.

Independientemente de que si la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) construyó bien el caso, el tribunal lo desestimó por no encontrar elementos suficientes para declarar culpable al anciano indiciado.

Tal parece que seguimos siendo considerados una Nación de inmaduros, por decir lo menos, que no somos capaces de entender lo que realmente sucedió ese fatídico y cruento día. Para aclarar lo sucedido es necesario respetar a la ciudadanía mexicana y tener la voluntad política de llegar al fondo del asunto. Es claro que la presidencia de Felipe Calderón no califica para cubrir ninguno de los dos requisitos, por lo que tendremos que seguir esperando.

El inefable abogado Juan Velázquez, defensor de los criminales más económica y políticamente prominentes de la historia reciente del país, intentó absolver a Echeverría del juicio de la historia con argumentos pueriles. Dijo algo así como que la historia no juzga, sino los tribunales, y que éstos habían absuelto a su defendido. Algo así como "nos vale madre lo que piensen los demás". Hizo bien el abogado Velázquez al despreciar el juicio popular, pues no les queda de otra. Esa masa amorfa, sin rostro y que no es respetada por la clase gobernante en México ya ha juzgado y condenado a Echeverría desde hace muchos años.

Hay infinidad de testimonios que apuntan a que el gobierno federal estuvo tras la cobarde matanza en la Plaza de las Tres Culturas. Me permito rescatar dos de ellos, uno clásico que es "La noche de Tlatelolco" de Elena Poniatowska, y el otro más reciente, un documental de Discovery Channel llamado "La masacre de Tlatelolco".

El reino de la impunidad se prolonga, pero indefectiblemente llegará a su fin.


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